'Ni siquiera me enfadé. Sólo estaba perpleja'. Esa es la sensación que recuerda Rosalind Williams del día en que un policía le pidió su identificación en Valladolid, hace 18 años, sólo porque consideró el color de su piel como un indicio de inmigración ilegal.

Rosalind es una afroamericana de 67 años que llegó a Madrid, procedente de San Francisco (Estados Unidos), en 1968. Cuando ocurrió el incidente, ya era también española, pues se había casado con un español.

Denunció el caso por considerar que se había violado el derecho de no discriminación que está reflejado en la Constitución y en todas las declaraciones de derechos humanos.

En 2009, después de un largo proceso judicial en el que todos los tribunales españoles, incluido el Constitucional, desestimaron las demandas de Rosalind, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló a su favor.

'España tiene la obligación de proporcionar [a Rosalind] un recurso efectivo, incluido un pedido de disculpas públicas [...] y tomar las medidas necesarias para evitar que sus funcionarios incurran en actos como los del presente caso', manifiesta la sentencia.

El caso está ahora en manos del Defensor del Pueblo porque, un año después, el Gobierno aún no ha acatado la condena de la ONU.

Además, desde Women's Link Worlwide, organización que representa a Rosalind, culpan a las autoridades de no hacer nada para evitar la discriminación en los controles de inmigración. 'Cada vez ocurre más. Y está muy claro que eligen a quien paran sólo por la raza. Yo soy estadounidense y nunca me han pedido la documentación', protesta Vivian Waisman, una mujer blanca, rubia y de ojos azules que dirige la organización.

Este mismo año, Rosalind vivió una situación similar en el aeropuerto de Barajas. No tuvo valor para preguntar por qué la paraban: 'Sólo quería olvidarlo'. Ahora, quiere que España cumpla la sentencia 'para que no le vuelva a pasar a nadie', concluye.